La Fiscalía General de la República (FGR) refuerza su compromiso con la protección a la Propiedad Intelectual  

16 de junio de 2026

El pasado 26 de marzo de 2026 (fecha que coincide con el operativo realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en la calle Aztecas, Tepito en el que se aseguraron al menos 25 toneladas de mercancía apócrifa], la Fiscalía General de la República emitió el comunicado 161/26 mediante el cual reitera, como institución, su compromiso en materia de propiedad intelectual.

Dicho comunicado hace alusión tanto al marco de las obligaciones contraídas por nuestro país derivadas de la suscripción del T-MEC, como al Reporte Especial 301 emitido anualmente por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. Sin embargo, más allá del contenido sucinto del comunicado, en el que principalmente se destaca el compromiso para incrementar la obtención de órdenes de cateo por delitos de propiedad intelectual, dicho posicionamiento debe analizarse de manera conjunta con el contexto organizacional de la Fiscalía, así como a la luz de los recientes cambios tanto en su titularidad, con la entrada de Ernestina Godoy, como en la estructura de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) y de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP).

Dentro de estas modificaciones organizacionales, destaca la designación de Samantha Andrade como titular de la FEIDCDP, ya que desde su llegada se han comenzado a observar ajustes relevantes en los criterios de actuación de dicha Fiscalía, orientados hacia un enfoque más proactivo en comparación con el observado en años recientes.

Un ejemplo de estos cambios relevantes es la eliminación del criterio de no reconocer expresamente dentro de las carpetas de investigación el carácter de parte ofendida en favor del titular de los derechos de propiedad intelectual, hasta en tanto se emitiera un dictamen pericial que confirmara la falsificación de la marca o la reproducción de la obra de que se trate. Lo anterior permite restituir al titular la totalidad de los derechos previstos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como ser notificado de las determinaciones, tener acceso a los registros de la carpeta, entre otros.

Otro de estos ejemplos es la apertura a iniciar investigaciones relacionadas con la introducción al país de mercancía falsificada en transbordo, lo cual representa un cambio importante respecto de criterios anteriores más restrictivos, en los que este tipo de operaciones quedaban fuera del ámbito de investigación criminal.

En este contexto, el comunicado de la FGR puede interpretarse como una señal de cambio en el enfoque institucional, abriéndose nuevamente una oportunidad para retomar estrategias de protección más robustas y eficaces en el combate a la piratería en nuestro país.

En suma, el reciente comunicado, en conjunto con los cambios estructurales al interior de la FGR, sugiere un punto de inflexión en la política pública relativa a la persecución de delitos en materia de propiedad intelectual en México, cuya implementación efectiva será clave y cuya ejecución se espera constante y sostenida a lo largo del tiempo.