El incremento en la complejidad de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha causado que las empresas enfrenten mayores retos de cumplimiento normativo, responsabilidad legal y riesgos reputacionales. Las deficiencias en la identificación de clientes, beneficiarios finales o en la integración de expedientes pueden convertirse en un riesgo legal y penal significativo, con consecuencias financieras, administrativas y reputacionales graves.
Actualmente, prácticamente todas las organizaciones que realizan Actividades Vulnerables o forman parte de sectores regulados deben contar con manuales, políticas y controles internos efectivos para identificar operaciones, reportar avisos a la UIF, mitigar riesgos y garantizar la transparencia de sus operaciones.
En Arochi & Lindner, proporcionamos asesoría pragmática con un enfoque de negocio para empresas de distintas industrias y tamaños, ayudándolas a cumplir con las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, disposiciones de la UIF, estándares internacionales del GAFI y regulaciones extranjeras como OFAC, FinCEN o FCPA.
Además de PLD/FT, nuestra práctica de Compliance asesora en la implementación de programas de cumplimiento legal y penal, ética e integridad empresarial, operación de líneas de denuncia, seguimiento e investigación de casos, así como en la adopción de programas de Compliance basados en los más altos estándares nacionales e internacionales. Este enfoque integral permite a las organizaciones blindarse frente a riesgos de corrupción, fraude, conflictos de interés y responsabilidades corporativas, fortaleciendo su cultura de integridad y su gobierno corporativo.
La prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo ha cobrado una importancia sin precedentes en México desde la entrada en vigor en 2012 de la LFPIORPI. En años recientes, la supervisión se ha intensificado mediante visitas de verificación y la imposición de multas millonarias, mientras que la cooperación internacional refuerza el riesgo de sanciones y restricciones para operar con contrapartes extranjeras.